En Veracruz, la política no solo se juega en las urnas. También se mueve en silencio, entre expedientes, acuerdos de café y listas “técnicamente idóneas” para cargos judiciales. El nuevo tablero: el Poder Judicial del Estado. Las piezas: las de siempre, solo que con toga.
René Augusto Sosa Enríquez, un operador con antecedentes de todo menos imparcialidad, busca convertirse en magistrado. Su nombre aparece hoy en la lista oficial de candidatos que competirán por el voto ciudadano en una elección inédita para integrar salas del Tribunal Superior de Justicia.
Pero Sosa no es un desconocido: es un viejo conocido del sistema. Ex subsecretario del Congreso de Campeche, fue parte del equipo de confianza del extinto Alejandro Gómez Cazarín —hermano de Juan Javier Gómez Cazarín, actual delegado de Bienestar y otrora jefe del Congreso de Veracruz—. Una dupla de hermanos que exportó operadores veracruzanos a Campeche para controlar desde dentro al Legislativo de aquel estado. Sosa, claro, fue uno de los beneficiarios.
Con un sueldo neto de casi 60 mil pesos y una prima vacacional de lujo, Sosa Enríquez formó parte de esa franquicia veracruzana que operó durante años con cargo al erario campechano. Todo mientras su madre dirigía Finanzas del Congreso y su padrastro coordinaba asesores. Una familia entera en la nómina.
Tras su salida de Campeche en 2023 —en medio de denuncias de tráfico de influencias, nepotismo y doble cargo— reapareció en Veracruz, con nuevo respaldo: el del consejero de la Judicatura y ex comisionado del IVAI, Alfredo Corona Lizárraga.
Corona no solo fue su jefe en la Fiscalía Anticorrupción, donde ambos fueron denunciados penalmente por proteger a un ex tesorero municipal. Hoy, según múltiples fuentes, funge como el operador electoral de la presidenta del Poder Judicial, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. Y tiene una nueva encomienda: colocar a su excolaborador como magistrado.
La elección judicial, vendida como un ejercicio democrático e inédito, se convierte entonces en un juego de simulaciones. Los perfiles se registran, se evalúan, se presentan. Pero las fichas están acomodadas desde antes. En silencio. En lo oscurito.
¿Quién gana con este tipo de justicia? ¿Quién responde si se nombra a magistrados con expediente, pero sin mérito? ¿Quién vigila que la justicia no esté al servicio de la lealtad política?
A este paso, en Veracruz no elegimos jueces. Confirmamos designaciones. Votamos por padrinazgos con disfraz de autonomía.
Y en este ajedrez, los ciudadanos siguen jugando de peones.
