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·         Sólo se llevaban contabilizadas el 1.8% de los paquetes electorales

·         Ninguna candidatura tenía registrada más de 2,000 votos

Xalapa, Veracruz, 09 de junio de 2025. En sesión permanente de vigilancia para el desarrollo de los cómputos para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025, para la elección de personas juzgadoras, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz) informa a la ciudadanía que, debido a un alto número de consultas, el sitio de publicación de los cómputos de la elección judicial ha sido intermitente.

La Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales dio a conocer que a partir de las 12:30 horas la disponibilidad del sitio de publicación de los cómputos de la elección judicial ha sido intermitente, debido a un alto número de consultas.

“Agradecemos el gran interés de la ciudadanía en el seguimiento de los resultados y nos encontramos adaptando nuestros servidores a la alta demanda, hasta en tanto, para garantizar la legalidad y transparencia de los resultados en las urnas, se determinó hacer una pausa en la captura hasta en tanto se pueda dar seguimiento público del cómputo”.

La Consejera Presidenta del Organismo refirió que al momento que se detuvo el sistema de cómputos de la elección judicial se habían capturado 199 paquetes electorales, por lo que el porcentaje no es determinante o no es valor suficiente para una proyección.

“Este OPLE Veracruz siempre ha hecho el mejor esfuerzo posible para transparentar todas las etapas de los procesos electorales y la elección judicial es también una que se caracteriza por llevar a cabo todos los procedimientos bajo las mejores prácticas para brindar a la ciudadanía la información de los resultados lo antes posible”.

Asimismo, la Consejera Electoral, Mabel Aseret Hernández Meneses mencionó que no se pueden declarar ganadores debido a que ninguna candidatura tenía registrada más de 2,000 votos, “esa cantidad no es representativa para el número tan grande de votantes que acudieron a las urnas”.

Al respecto, el Consejero Electoral, Fernando García Ramos hizo un llamado a las candidaturas a la prudencia y a la calma debido a la intermitencia del sitio de publicación de los cómputos de la elección judicial por la alta demanda, “el reconocimiento para las personas que están siguiendo de manera muy intensa y atenta el desarrollo de los cómputos”.

En el mismo tenor, la Consejera Electoral, Maty Lezama Martínez explicó que en los 27 consejos municipales habilitados cuentan con presencia de observadoras y observadores electorales para robustecer la certeza que legitima los resultados, “invito a la ciudadanía a estar vigilantes de esta labor porque su presencia fortalece a las instituciones electorales”.

El Secretario del Consejo General, Luis Fernando Reyes Rocha agregó que sólo se llevaban contabilizadas el 1.8% de los paquetes electorales, “creo que hay una gran expectativa en todo el Estado de Veracruz para tener tantos millones de usuarios conectados, el Organismo lo que va a ser es garantizarlo”.

En otro punto de la sesión, el Consejo General del Organismo aprobó modificar la fecha de inicio de la sesión de escrutinio y cómputo por el consejo municipal habilitado de Papantla de Olarte, relativo al Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025 para la elección de personas juzgadoras, esto es para que inicie su sesión el 11 de junio, una vez concluido su cómputo municipal.

En el mundo político veracruzano pocas cosas sorprenden, pero algunas sí preocupan. Y una de ellas es la creciente atención que ha despertado el papel de María Fernanda Sánchez Rubio, consejera del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, quien —según fuentes bien posicionadas— estaría jugando un papel más allá del que le corresponde institucionalmente.

Sánchez Rubio asumió el cargo el pasado 20 de febrero de 2025, apenas hace tres meses, para un periodo de siete años. Llegó en sustitución de Roberto López Pérez, y con la responsabilidad de velar por la legalidad y equidad del proceso electoral en curso.

Sin embargo, su nombre ha comenzado a figurar en conversaciones políticas por un motivo distinto: su cercanía con la elección de magistrados en el Poder Judicial de Veracruz, proceso en el que el OPLE tiene injerencia directa.

¿La razón? Es esposa de Jonathan Máximo Lozano Ordóñez, aspirante a una magistratura en materia constitucional. Y aunque esto no representa en sí mismo una irregularidad, lo que ha comenzado a levantar cejas es el supuesto acercamiento de la consejera con aspirantes a alcaldías de distintos municipios, a quienes —según se comenta— habría sugerido respaldo político para su esposo, como moneda de cambio para facilitar aprobaciones o trámites relacionados con sus planillas.

Hasta ahora, no hay pruebas documentadas de que estos encuentros hayan derivado en decisiones formales fuera del marco legal. Pero la coincidencia entre su reciente llegada al OPLE y la postulación de su esposo a un cargo judicial en el mismo periodo electoral pone en entredicho el principio de imparcialidad que debe regir a los órganos electorales.

El propio Jonathan Máximo no es un desconocido en la estructura política estatal. Su nombre se asocia con el panismo veracruzano, especialmente durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, cuando se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta del entonces magistrado Javier Hernández Hernández. Este último es esposo de la magistrada Lizbeth Hernández Ribbón y, según diversas fuentes, socio profesional del consejero de la Judicatura Alfredo Corona Lizárraga.

Así, la red de relaciones políticas y jurídicas no es nueva, pero sí cada vez más visible. Y cuando una consejera electoral aparece ligada a un aspirante judicial dentro de una estructura de poder con vínculos de larga data, la institucionalidad entra en zona de riesgo.

Este no es un juicio. Es una señal. Porque la democracia se sostiene no sólo en leyes, sino en la percepción de legitimidad. Y si las decisiones del OPLE coinciden con intereses personales —aunque sea en el plano informal—, el daño ya está hecho.

Veracruz merece instituciones fuertes, imparciales y ajenas a cualquier forma de favoritismo. La línea entre la ética y la legalidad es delgada, pero existe. Y cruzarla, incluso sin intención, deja una marca difícil de borrar.