Xalapa, Ver.- La Subdelegación de Prestaciones Económicas del ISSSTE en Veracruz está envuelta en un nuevo escándalo de presunta impunidad, luego de que la trabajadora de base Liliana Pajonares González fuera señalada por la destrucción deliberada de un expediente original de un pensionado, un acto que, al implicar documentos oficiales y datos personales sensibles, podría constituir un delito federal grave.
El incidente ocurrió el pasado 23 de septiembre de 2025, cuando Pajonares González supuestamente rompió y desechó un archivo crucial que contenía actas de nacimiento y expedientes personales del derechohabiente. A pesar de que la ley sanciona severamente la destrucción de este tipo de documentación, la respuesta de las autoridades ha sido notablemente lenta e ineficaz.
Simulación y Protección Sindical
Reportes internos indican que, en lugar de actuar conforme a la ley, altos funcionarios y líderes sindicales intentaron encubrir el incidente. Se reporta que, para desviar la atención y minimizar la grave falta, se habría organizado un evento deportivo, evitando la notificación inmediata a las autoridades competentes.
Posteriormente, las autoridades superiores del ISSSTE habrían simulado un procedimiento interno. Empleados de la delegación comentan que el acta administrativa levantada fue manipulada en favor de la infractora para reducir la sanción.
A más de una semana de lo sucedido, Pajonares González sigue trabajando con total normalidad, lo que alimenta las sospechas de una red de protección dentro de la delegación veracruzana del ISSSTE.
Red de Complicidad en la Delegación
La empleada cuenta con el presunto respaldo directo de altos mandos y de la cúpula sindical. Los señalamientos de protección recaen específicamente en la Lic. Ollín Chávez Hernández, Encargada del Despacho de la Subdelegación de Prestaciones, y el Ing. Ignacio de Jesús Altamirano Cantel, Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas.
A esta red se suma la Secretaria General de la sección XXXV del SNTISSSTE, María Eugenia Castañeda Elvira. La defensa de la trabajadora fue asumida por Rodolfo Ayala Salinas, representante sindical, a quien varios trabajadores acusan de utilizar su puesto para defender una “red de negocios personales” en lugar de los derechos laborales.
Graves Consecuencias Legales
La destrucción de documentos oficiales con datos personales es un ilícito con serias repercusiones en la legislación mexicana. El Código Penal Federal (artículo 214) lo tipifica como “ejercicio ilícito de servicio público”, castigado con penas de dos a siete años de prisión.
Aún más grave, la Ley General de Archivos (artículo 121) establece sanciones más duras, imponiendo de tres a diez años de prisión y multas elevadas para quienes sustraigan, alteren o destruyan documentos bajo su resguardo.
Ante las claras implicaciones legales y el perjuicio al derechohabiente, se exige que las autoridades competentes y el Órgano Interno de Control del ISSSTE realicen una investigación transparente e inmediata para deslindar responsabilidades.
